En este año 2019 los gremios del agronegocio hicieron uso de todo su
poder de presión para lograr imponer sus intereses por sobre el bien
común. Mediante una fuerte presión política lograron influir en la
Reforma Tributaria, frenaron la aprobación del Tratado de Escazú,
tomaron el control del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías
(CONACYT) y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
(INDERT), impusieron la derogación del Protocolo de Desalojos y lograron
que el Ministerio de Agricultura establezca controles aún más laxos
para la aprobación de transgénicos.
El año 2019 estuvo marcado por la fuerte crisis política que afectó
al gobierno tras la firma secreta del Acta Abdo – Bolsonaro, donde los
Presidentes de Brasil y Paraguay acordaban el uso de energía de Itaipú
de forma totalmente contraria a los intereses paraguayos. Esta crisis
mostró la debilidad del gobierno, al punto que estuvo al borde del
juicio político; ante esto el gobierno se apoyó e hizo concesiones a los
sectores de poder fáctico, entre ellos, los gremios del agronegocio y
sus aliados, con quienes ya estaba comprometido desde inicios de su
gestión.
Desde inicios de marzo una fuerte presión de sectores
conservadores empezó a atacar a científicos y científicas que realizaron
investigaciones financiadas por el CONACYT, varios de ellos habían
abordado temas como el efecto de los transgénicos en la salud humana,
abortos en Paraguay y otros, que colisionaban con la línea política
conservadora de los sectores de poder. Así una alianza entre la derecha
política, fundamentalistas religiosos y gremios empresariales logró
imponer cambios en el reglamento del CONACYT para la financiación a
investigaciones, debiendo ahora los proyectos de investigación
científica pasar por la aprobación política del Consejo Directivo de la
Institución donde estos sectores tienen una fuerte presencia. No
contentos con eso, hace pocos días lograron imponer en la Terna para
elegir al futuro presidente de la institución a representantes de los
gremios empresariales, dejando por fuera a científicos y científicas.
También
a inicios de año se estudió la llamada Reforma Tributaria, debido a la
posición vacilante del gobierno y a la presión de los gremios
empresariales y del agronegocio no se incluyeron cambios significativos
al sistema tributario actual, que es calificado como uno de los más
injustos de la región ya que prioriza los impuestos indirectos y gran
parte de lo que recauda el Estado en concepto de impuestos proviene de
las clases medias y bajas, manteniendo privilegios para los sectores
poderosos. Así, una vez más, los agroexportadores lograron imponer el
veto a la posibilidad de cobrar un impuesto a la exportación de granos
en Estado natural, manteniendo los privilegios de uno de los sectores
más poderosos económicamente y que no aporta prácticamente nada en
concepto de impuestos.
Como parte de un acuerdo político entre
sectores internos del Partido Colorado el Presidente Abdo Benítez
instaló a Rodolfo Friedmann al frente del Ministerio de Agricultura y
Ganadería a fin de lograr que el mismo abandone su banca en el Senado.
Este nombramiento fue primeramente rechazado por los gremios del
agronegocio, quienes rápidamente días despues, terminaron dando su apoyo
al novel Ministro. Este pacto se selló con el nombramiento al frente
del INDERT de Mario Vega, miembro de la Coordinadora Agrícola del
Paraguay, gremio conformado principalmente por sojeros, con Vega al
frente de la institución encargada de las políticas de tierras y
desarrollo rural, los gremios del agroneogcio impusieron el fin de las
mensuras impulsadas por el INDERT para recuperar tierras pertenecientes a
la institución que no están en manos de beneficiarios de la Reforma
Agraria.
Casi a la par, los mismos gremios lograron imponer la
derogación del Protocolo de Deaslojos, a fin de garantizar la
realización inmediata de desalojos en tierras rurales y urbanas que
estuvieran ocupadas por campesinos o sin techos. Los representantes de
las organizaciones sojeras sostuvieron que dicho protocolo frenaba el
desalojo de unas cien mil hectáreas ocupadas y que debían ser
desalojadas de forma inmediata porque sino la zafra de soja 2019 corría
serio riesgo; el gobierno, junto al Ministerio Público y el Ministerio
del Interior, primero a cargo de Villamayor y luego de Euclides Acevedo,
cumplieron la orden de los sojeros, derogando el protocolo y ejecutando
los desalojos de algunas propiedades.
En noviembre el MAG liberó
en un sólo día 13 variedades de semillas modificadas genéticamente, esta
liberación se dio prácticamente sin controles, ya que una resolución
del propio Ministerio, en acuerdo con los sectores del agronegocio,
impuso que para la liberación comercial de semillas transgénicas que ya
habían sido aprobadas en otros países no es necesario establecer
controles, ni pruebas a nivel nacional. Ya en diciembre un mensaje del
Titular de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo,
y otro del Obispo de Asunción, Edmundo Valenzuela, bastaron para que el
Gobierono se retirará del Acuerdo de Escazú, Tratado sobre Justicia
Climática que buscaba garantizar el acceso a información pública y a la
justicia para los defensores ambientales, evitando así que el país logre
avances en materia de garantizar derechos humanos.
Fuente: BASE IS
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