La
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó la
Declaración de los derechos de los campesinos y otras personas que
trabajan en áreas rurales. Con 121 votos a favor, 8 en contra y 54
abstenciones. Con fuerte respaldo al proceso de los países de América
Latina, Asia y África. Se destacó el compromiso del Estado plurinacional
de Bolivia que presidió desde 2012 el Grupo Intergubernamental de
Trabajo para la Declaración en el Consejo de Derechos Humanos.
Una lucha de mas de 17 años de La Vía Campesina, que logró impulsar en
la ONU el debate sobre el rol y situación del campesinado.
En plena ofensiva neoliberal, el capital financiero profundizó sus
tentáculos en el campo. La mercantilización y financiarización de la
agricultura provocaron despojos y desalojos, aumentos de la violencia y
persecución sobre las comunidades campesinas, privatización de las
semillas, trabajo esclavo, destrucción de mercados locales y aumento del
hambre y la migración, destrucción de la naturaleza y contaminación
entre otros flagelos.
Las organizaciones campesinas resistieron en todos los rincones del
planeta. Luego de ocho años de discusión en los cinco continentes, la V
Conferencia Internacional de Vía Campesina, realizada en 2008 en
Mozambique, aprobó la Carta de los Derechos de Campesinas y Campesinos.
Con el sustento de miles de luchas locales, y cientos de informes que
documentaron violaciones en las comunidades rurales, se inició el
desafío en Naciones Unidas.
La aprobación de la declaración fue saludada con jubilo, por Carla
Mucavi directora de la oficina de FAO en Nueva York, la Alta Comisionada
de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, María Fernanda
Espinosa, presidenta de la 73 Asamblea General de ONU y la relatora para
el Derecho a la Alimentación, Hilal Elver, entre otros. También contó
con el respaldo de organizaciones internacionales de pueblos indígenas,
pastores, trashumantes, pescadores artesanales, trabajadores agrícolas,
la Confederación Sindical de las Américas y ONG, como FIAN, CETIM y
CELS.
Este reconocimiento en el mas alto nivel de ONU, ocurre en un contexto
donde académicos, medios de comunicación y gobiernos insisten en la
negación del campesinado.
Según el Grupo ETC, la agricultura campesina cuenta tan sólo con una
cuarta parte de las tierras agrícolas, pero alimenta a más del 75% de la
población mundial, mientras que la agroindustria subordinada al capital
financiero, con tres cuartas partes de las tierras agrícolas sólo llega
al 25% de la población.
Además de comparar la energía utilizada, consignan que, para producir
un kilo de arroz, una campesina filipina utiliza ochenta veces menos
energía que la agricultura industrial, y un campesino mexicano 33 veces
menos energía que la agricultura estadounidense en el maíz. Teniendo en
cuenta que la mitad de las emisiones de dióxido de carbono con efecto de
invernadero provienen de la cadena agroalimentaria, queda claro que la
agricultura campesina “enfría el planeta”.
La Declaración, en su Preámbulo y los 28 artículos, consigna derechos
de los campesinos y obligaciones de los Estados: el texto es un
compendio fundamental para la planificación y renovación de la política
agraria mundial.
Algunos elementos para destacar:
El articulo 15 resalta: “Los campesinos tienen el derecho a definir sus
pro-pios sistemas agroalimentarios, reconocido por muchos Estados y
regiones como el derecho a la soberanía alimentaria.” De este modo ONU
reconoce y reivindica la propuesta política que Vía Campesina introdujo
en 1996 en los debates del Consejo de Seguridad Alimentaria de ONU
respecto a como abordar la crisis alimentaria que afecta a mas de mil
millones de personas en todo el mundo.
El Articulo 16 establece: “Los Estados adoptarán medidas apropiadas
para reforzar y apoyar los mercados locales, nacionales y regionales en
formas que faciliten y garanticen que los campesinos y otras personas
que trabajan en las zonas rurales accedan a esos mercados y participen
en ellos de manera plena y en igualdad de condiciones para vender sus
productos a unos precios que les permitan, a ellos y a su familia,
alcanzar un nivel de vida adecuado”. Destaca la importancia de la
intervención estatal para garantizar precios justos e ingresos
adecuados. En la Argentina, la diferencia de precio entre lo que se paga
al campesino y lo que paga el consumidor ronda ente el 500 al 1 600%,
situación que sólo es posible resolver con una política pública que
intervenga en defensa de quienes producen y del pueblo que consume.
El artículo 17 incorpora: “Los campesinos y otras personas que viven en
zonas rurales tienen derecho a la tierra, individual o colectivamente
[...] y en especial tienen derecho a acceder a la tierra, las masas de
agua, y los bosques, así como a utilizarlos y gestionarlos de manera
sostenible para alcanzar un nivel de vida adecuado, tener un lugar en el
que vivir con seguridad, paz y dignidad y desarrollar su cultura”. Y
recomienda a los Estados “la reforma agraria, para facilitar el acceso
equitativo a la Tierra y su función social evitando la concentración”.
Este artículo es vital en el actual contexto de concentración y
acaparamiento de la tierra. En América Latina, el 1% de los propietarios
concentra más de la mitad de las tierras agrícolas, y tiene la
distribución de tierras más desigual de todo el planeta: el coeficiente
de Gini —que mide la desigualdad, 0 para la igualdad y 1 para la extrema
desigualdad— aplicado a la distribución de la tierra en el continente
alcanza al 0.79, muy por encima de Europa (0.57), África (0.56) y Asia
(0.55).
En Argentina, según OXFAM, 83% de las Unidades Productivas
Agropecuarias, detentan sólo al 13.3% del total de tierras productivas.
Según otro estudio la agricultura familiar representa a dos tercios de
los productores, pero sólo accede al 13.5% de la superficie de tierra
agraria. En 2014, el gobierno argentino realizó un muestreo de casos de
conflicto por la tierra campesina: el resultado arrojó 852 casos que
abarcan más de 9 millones de hectáreas en conflicto.
La concentración de la tierra es una barrera estructural al desarrollo
de una nación y al disfrute pleno de los derechos de campesinas y
campesinos.
En el artículo 19 sostiene: “Los campesinos tienen derecho a las
semillas […] El derecho a proteger los conocimientos tradicionales
relativos a los recursos fitogenéticos para la alimentación y la
agricultura; […] El derecho a participar en la toma de decisiones sobre
las cuestiones relativas a la conservación y el uso sostenible de los
recursos filogenéticos para la alimentación y la agricultura”. Frente al
permanente avance de las transnacionales en la apropiación de material
genético y de fuertes presiones por leyes de semillas que las avalen en
el ultraje, este artículo cobra especial relevancia.
Otro dato preocupante de la actualidad, refiere a los agrotóxicos. La
utilización masiva de agroquímicos, provoca la muerte por intoxicación
de unas 200 mil personas al año en todo el mundo según el Informe de la
Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación. Para la
Organización Panamericana de Salud en doce países de América Latina y el
Caribe el envenenamiento por productos agroquímicos causa 15% de las
enfermedades registradas.
En Argentina informes del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (Senasa) detallan que 63% de los controles realizados en
frutas, verduras y hortalizas en el mercado, entre 2011 y 2013,
detectaron la presencia de residuos de químicos.
Estos datos, destacan límites al derecho a la salud, al ambiente
saludable y a la alimentación saludable planteados en la Declaración.
La adopción de esta declaración termina con la idea neoliberal del “fin
del campesinado” y hace un fuerte llamado a los Estados, no sólo a
reconocer la identidad campesina, sino su rol, y a trabajar para
terminar con las violaciones a sus derechos. Esto en un contexto de
grave violencia rural global, con situaciones extremas como la
colombiana, donde en 2018 fueron asesinados 105 líderes campesinos y 44
líderes indígenas o Brasil donde en 2017 asesinaron a 71 campesinos por
conflictos de tierra o ambientales.
También enriquece el sistema de derechos humanos, y logra poner el
debate democrático de los Estados por encima del cabildeo y los
intereses del capital. Actualiza el sistema desde una perspectiva
pluricultural y respeta a las miles de millones de personas que conciben
los derechos colectivos como fundamentales para el disfrute de los
derechos individuales.
Tenemos el desafío de difundirla en todos los rincones del campo, y que
sea una herramienta para las luchas locales y las alianzas entre el
campo y la ciudad, ampliando sus posibles usos en alegatos jurídicos, en
adopción y propuestas legislativas a nivel municipal, provincial y
nacional, para potenciar políticas publicas.
Los derechos campesinos requieren reformas agrarias en todo el mundo,
que garanticen la agricultura campesina y agroecológica para alcanzar la
soberanía alimentaria, fundamentales para la justicia y la paz mundial.
Por eso podemos afirmar que esta declaración, de fuerte contenido
humanista, es un paso adelante para la gobernanza global y los pueblos
del mundo.
Diego Montón
Movimiento Nacional Campesino Indígena (Argentina)
Miembro del Colectivo Internacional de Derechos Campesinos de Vía Campesina
F/ https://www.grain.org/
30 January 2019
| Biodiversidad 99 / 2019-1
