sábado, 21 de diciembre de 2019

Con la Soja al Cuello 2019: Un aporte para la comprensión de los graves efectos del agronegocio

El informe, que ya se encuentra a disposición de las interesadas e interesados, muestra desde distintas aristas el daño provocado por el modelo de los agronegocios sobre la población y la naturaleza, así también refleja en parte las luchas, resistencias y alternativas al modelo.
El modelo del agronegocio vigente en el país ‒y en la región‒ continúa avanzando y sus consecuencias sobre la naturaleza, los derechos humanos, la vida misma, se hacen más visibles y evidentes tal como se analiza en muchos artículos que presentamos en esta quinta edición del Informe sobre Agronegocios en Paraguay.

Los primeros artículos estudian el avance territorial del agronegocio, los intereses del capital especulativo y financiero en la región occidental (Chaco), así como el impacto que esta situación implica para la biodiversidad y los pueblos originarios que lo habitan. La dinámica de la lucha por la tierra del campesinado, caracterizada por las ocupaciones ante la falta de respuesta institucional, también es abordada evidenciando la complicidad gubernamental con los sectores latifundistas del país. Durante este año 2019, las tierras cultivadas tuvieron un aumento de casi 175 mil hectáreas, probablemente la mayor parte de ellas sobre territorios deforestados; la producción de soja, de maíz y de arroz fueron las que tuvieron un mayor crecimiento.

Se aprobaron doce nuevas semillas transgénicas y volvió a aumentar la importación de agrotóxicos, siendo de procedencia china casi el 60% de los mismos. El actual modelo productivo implica importación de semillas, no solo transgénicas para los principales rubros cultivados, evolución que demuestra la dependencia productiva de nuestro país principalmente de Brasil.

Son las grandes corporaciones de la cadena agroalimentaria mundial las principales beneficiarias de este modelo, tal como se detalla en otro de los artículos en el cual se distinguen las que tienen un mayor peso en Paraguay. Esta lógica corporativa avanza con un discurso argumentativo, que es analizado y desmontado evidenciando que es simplemente una campaña de propaganda que busca su legitimación. La urgencia de regular el accionar de estas empresas por el impacto que tienen sobre los derechos de los pueblos y de la naturaleza, también es analizada.

Un importante grupo de artículos examina el accionar gubernamental, la injusticia tributaria que favorece al sector sojero y la alta inversión pública para la construcción de infraestructura requerida por el gran capital. Se observan asimismo los proyectos de ley vinculados al mundo agrario que han sido presentados en el último periodo parlamentario, dando especial atención a la Ley de «Agricultura Familiar Campesina” aprobada a mediados de año. Asimismo se destaca en otro de los artículos, cómo uno de los más importantes Comités de las Naciones Unidas condenó al Estado paraguayo por contaminación con agrotóxicos, sentando una jurisprudencia histórica a nivel global.

La directa relación existente entre el modelo de los agronegocios y la destrucción de la naturaleza es abordada en el artículo que detalla el impacto regional que podrían tener los incendios que arrasaron parte de la Amazonía, para seguidamente analizar en particular cómo el modelo productivo en Paraguay contribuye a la actual crisis climática global.

Este modelo orientado principalmente a satisfacer la demanda de las grandes corporaciones del sistema agroalimentario mundial avanza a costa de la calidad de vida y de los derechos de la mayoría de la población, como se analiza en otro importante número de artículos. Genera un aumento de la pobreza extrema, tanto urbana como rural. Vulnera el derecho a la alimentación de toda la población y los derechos campesinos de comunidades rurales.

La utilización de peligrosos agrotóxicos pone en riesgo la salud de todos, al tiempo que las fumigaciones, sin ningún respeto de la débil normativa ambiental vigente sobre escuelas rurales por ejemplo, afecta también el derecho a la educación. Las comunidades indígenas y campesinas son las que –además de verse afectadas en sus derechos– resisten para mantener sus territorios, a pesar de la criminalización y las múltiples estrategias cada vez más violentas para apropiarse de los históricos lugares que habitan.

La violencia física desatada para garantizar el avance del modelo que recrudeció con el cambio de gobierno en Brasil viene acompañada de ataques –en el marco de una ofensiva discursiva– de los sectores más conservadores de la sociedad contra las organizaciones y actores que cuestionan el modelo extractivista y se posicionan positivamente por los derechos humanos.

Con la Soja al Cuello 2019 se encuentra a disposición de toda la ciudadanía de forma totalmente libre y gratuita tanto en su formato digital como impreso.
El libro impreso puede retirarse de lunes a viernes en horario de oficina en Ayolas 807 esq/ Humaitá (Asunción) y la versión digital puede ser descargada en el siguiente link:
 

viernes, 20 de diciembre de 2019

Un país secuestrado por el agronegocio

En este año 2019 los gremios del agronegocio hicieron uso de todo su poder de presión para lograr imponer sus intereses por sobre el bien común. Mediante una fuerte presión política lograron influir en la Reforma Tributaria, frenaron la aprobación del Tratado de Escazú, tomaron el control del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías (CONACYT) y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), impusieron la derogación del Protocolo de Desalojos y lograron que el Ministerio de Agricultura establezca controles aún más laxos para la aprobación de transgénicos.

El año 2019 estuvo marcado por la fuerte crisis política que afectó al gobierno tras la firma secreta del Acta Abdo – Bolsonaro, donde los Presidentes de Brasil y Paraguay acordaban el uso de energía de Itaipú de forma totalmente contraria a los intereses paraguayos. Esta crisis mostró la debilidad del gobierno, al punto que estuvo al borde del juicio político; ante esto el gobierno se apoyó e hizo concesiones a los sectores de poder fáctico, entre ellos, los gremios del agronegocio y sus aliados, con quienes ya estaba comprometido desde inicios de su gestión.

Desde inicios de marzo una fuerte presión de sectores conservadores empezó a atacar a científicos y científicas que realizaron investigaciones financiadas por el CONACYT, varios de ellos habían abordado temas como el efecto de los transgénicos en la salud humana, abortos en Paraguay y otros, que colisionaban con la línea política conservadora de los sectores de poder. Así una alianza entre la derecha política, fundamentalistas religiosos y gremios empresariales logró imponer cambios en el reglamento del CONACYT para la financiación a investigaciones, debiendo ahora los proyectos de investigación científica pasar por la aprobación política del Consejo Directivo de la Institución donde estos sectores tienen una fuerte presencia. No contentos con eso, hace pocos días lograron imponer en la Terna para elegir al futuro presidente de la institución a representantes de los gremios empresariales, dejando por fuera a científicos y científicas.

También a inicios de año se estudió la llamada Reforma Tributaria, debido a la posición vacilante del gobierno y a la presión de los gremios empresariales y del agronegocio no se incluyeron cambios significativos al sistema tributario actual, que es calificado como uno de los más injustos de la región ya que prioriza los impuestos indirectos y gran parte de lo que recauda el Estado en concepto de impuestos proviene de las clases medias y bajas, manteniendo privilegios para los sectores poderosos. Así, una vez más, los agroexportadores lograron imponer el veto a la posibilidad de cobrar un impuesto a la exportación de granos en Estado natural, manteniendo los privilegios de uno de los sectores más poderosos económicamente y que no aporta prácticamente nada en concepto de impuestos.

Como parte de un acuerdo político entre sectores internos del Partido Colorado el Presidente Abdo Benítez instaló a Rodolfo Friedmann al frente del Ministerio de Agricultura y Ganadería a fin de lograr que el mismo abandone su banca en el Senado. Este nombramiento fue primeramente rechazado por los gremios del agronegocio, quienes rápidamente días despues, terminaron dando su apoyo al novel Ministro. Este pacto se selló con el nombramiento al frente del INDERT de Mario Vega, miembro de la Coordinadora Agrícola del Paraguay, gremio conformado principalmente por sojeros, con Vega al frente de la institución encargada de las políticas de tierras y desarrollo rural, los gremios del agroneogcio impusieron el fin de las mensuras impulsadas por el INDERT para recuperar tierras pertenecientes a la institución que no están en manos de beneficiarios de la Reforma Agraria.

Casi a la par, los mismos gremios lograron imponer la derogación del Protocolo de Deaslojos, a fin de garantizar la realización inmediata de desalojos en tierras rurales y urbanas que estuvieran ocupadas por campesinos o sin techos. Los representantes de las organizaciones sojeras sostuvieron que dicho protocolo frenaba el desalojo de unas cien mil hectáreas ocupadas y que debían ser desalojadas de forma inmediata porque sino la zafra de soja 2019 corría serio riesgo; el gobierno, junto al Ministerio Público y el Ministerio del Interior, primero a cargo de Villamayor y luego de Euclides Acevedo, cumplieron la orden de los sojeros, derogando el protocolo y ejecutando los desalojos de algunas propiedades.

En noviembre el MAG liberó en un sólo día 13 variedades de semillas modificadas genéticamente, esta liberación se dio prácticamente sin controles, ya que una resolución del propio Ministerio, en acuerdo con los sectores del agronegocio, impuso que para la liberación comercial de semillas transgénicas que ya habían sido aprobadas en otros países no es necesario establecer controles, ni pruebas a nivel nacional. Ya en diciembre un mensaje del Titular de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, y otro del Obispo de Asunción, Edmundo Valenzuela, bastaron para que el Gobierono se retirará del Acuerdo de Escazú, Tratado sobre Justicia Climática que buscaba garantizar el acceso a información pública y a la justicia para los defensores ambientales, evitando así que el país logre avances en materia de garantizar derechos humanos.

Fuente: BASE IS

miércoles, 11 de diciembre de 2019

La agroecología es una herramienta imprescindible para hacer frente a la emergencia climática

El actual sistema agroindustrial ha transformado la agricultura en una actividad dependiente de fertilizantes de síntesis, pesticidas y energía fósil. La industria agroalimentaria es dueña del 80 % de los recursos, pese a lo que produce solamente el 30 % de la alimentación mundial a costa de expulsar a campesinas y campesinos de sus tierras, destruir la naturaleza y calentar el planeta.
Según el IPCC, las emisiones ligadas a la agricultura, la silvicultura y otros usos del suelo, suponen un 24 % del total de emisiones antrópicas. La mayor parte de las emisiones históricas asignadas a este sector, derivan del cambio de uso del suelo por la deforestación y roturación de tierras para la expansión de la agricultura y la ganadería.

En España, pesar de las continuas declaraciones estos días del Ministerio para la Transición Ecológica en la COP25 en torno al necesario aumento de la ambición en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), según el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, las emisiones derivadas de la agricultura aumentaron un 2,9 % en 2017 respecto al año anterior.

Además, los procesos de degradación asociados al cambio climático afectan principalmente a regiones empobrecidas y tienen graves repercusiones para la agricultura. Por ejemplo, para un aumento de la temperatura de 2 ºC se estiman pérdidas de 8 % - 14 % en la producción de maíz o 7 % - 10 % de la de pastos. De hecho, el cambio climático ha sido identificado por la FAO como uno de los impulsores principales de las crisis alimentarias, que se van agravando con el aumento de la temperatura global, y que provoca migraciones climáticas.

Hasta ahora, las negociaciones internacionales no han propuesto mecanismos efectivos para evitar la crisis climática, sino que se han basado en falsas soluciones tecnológicas y de mercado. Los biocombustibles, los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) o los Mecanismos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques (REDD y sus derivados) no sólo no han reducido la cantidad de emisiones sino que se han utilizado en muchas ocasiones para vulnerar los derechos de poblaciones indígenas y campesinas. Sin embargo, siguen sobre la mesa de debate en el marco de las negociaciones de la COP25.

Por todo ello, frente a la crisis climática Ecologistas en Acción defiende la agroecología como una herramienta imprescindible para enfriar el planeta. Los sistemas agroecológicos producen alimentos mientras aumentan la capacidad de los ecosistemas de regular el clima. Además, no dependen de combustibles fósiles ni de otros insumos como abonos nitrogenados, ya cierran los ciclos de materia y energía.

La organización ecologista demanda a los gobiernos que faciliten los cambios sociales y económicos necesarios para que el modelo agroecológico arraigue, lo que pasa por políticas públicas para dignificar la actividad campesina, facilitar el acceso a las alternativas que ya existen, acelerar en lo posible la transición, transversalizar una perspectiva feminista para que ésta sea justa y equitativa. Y evitar que los suelos y su capacidad de actuar como sumideros entren en los mecanismos de mercado que se negocian estos días en la COP25.

jueves, 5 de diciembre de 2019

Bill Gates, Fracasado agricultor africano

Hace 15 años el multimillonario Bill Gates anunció que “la revolución verde había dejado de lado al continente africano” y comenzó una cruzada para llevar los beneficios de esa transformación productiva a toda África.
A partir de los años 1960 la revolución verde permitió incrementar de manera importante los rendimientos (toneladas por hectárea) de ciertos cultivos clave, en especial trigo y arroz, en algunas regiones de India. Esos aumentos se debieron a un paquete tecnológico que incluía el uso de semillas de alto rendimiento, insumos agroquímicos y, por supuesto, inversiones en irrigación. El crecimiento de los rendimientos puede atribuirse casi por igual al empleo de semillas mejoradas, fertilizantes e irrigación.

Estos son los beneficios que tanto impresionaron a Bill Gates. Desgraciadamente, Gates no leyó con atención las señales que estaban en el campo en toda África. El mensaje era claro: no es que la revolución verde hubiera pasado de largo a África. Simple y sencillamente, había fracasado.

Entre 1980 y 2004 el Consejo Consultivo de Centros de Investigación Agrícola Internacional (Cgiar) invirtió 160 millones de dólares anuales en transformar y modernizar la agricultura en África. Con esas inversiones no es posible afirmar que la revolución verde simplemente había ignorado al continente africano. La realidad es mucho más compleja e interesante. Pero Bill Gates prefiere configurar otra narrativa más a su gusto.

La revolución verde vino acompañada de varios problemas graves. Sin los insumos de agroquímicos y la irrigación, los rendimientos no podían aumentar y las semillas maravilla se quedaban sin rendir sus frutos. Por ese motivo los beneficios fueron para los agricultores más privilegiados. De hecho, muchos de los campesinos más pobres perdieron sus tierras al no poder enfrentar el peso del endeudamiento para pagar los insumos. Esto condujo a una mayor concentración de la tierra. Por el lado de la huella ecológica, la revolución verde y sus insumos químicos dejaron cuerpos de agua contaminados, suelos maltratados por la falta de rotación de cultivos y una fuerte erosión genética. En India había alrededor de 30 mil variedades de arroz utilizadas en la producción antes de la revolución verde. En la actualidad, la cosecha en ese país se produce a partir de unas 10 variedades.

Con este saldo es difícil imaginar que alguien quisiera repetir la experiencia en África. Pero en 2006, la Fundación Gates lanzó su iniciativa “Alianza para la revolución verde en África” (Agra). Su objetivo: duplicar los rendimientos e ingresos de más de 30 millones de hogares rurales en el continente para 2020. En estos días se ha dado a conocer una investigación de Tim Wise (Universidad de Tufts y Small Planet Institute), en la cual se demuestra que después de 10 años de inversiones multimillonarias las metas de la iniciativa Agra están lejos de ser alcanzadas. El análisis examina información a escala nacional para los 13 países cubiertos por Agra y también evalúa datos a nivel hogar en tres de ellos: Malawi, Zambia y Mozambique. (Este importante documento está disponible en afsafrica.org).

Wise demuestra que existe poca evidencia de que Agra esté en camino de hacer realidad sus objetivos sobre rendimientos e ingresos. Cuando se encuentran señales de progresos en esos rubros eso se debe a la existencia de programas gubernamentales de subsidios para la adquisición de insumos: la difusión del paquete tecnológico de Agra no se llevaría a cabo sin esos subsidios.

Se puede pensar que buscar una solución tecnológica para cualquier problema es el sesgo natural de una persona con la formación de Bill Gates. Pero quizás hay algo más profundo. En 2010 la Fundación Gates invirtió 23 millones de dólares en la compra de 500 mil acciones de Monsanto, el gigante de las semillas transgénicas y los agroquímicos como el glifosato. Desde entonces la postura respecto de los transgénicos ha sido ambigua, pero hoy se sabe que Agra también incluye ese tipo de semillas en sus programas de difusión tecnológica.

Lo más grave de Agra es que deja de lado otro tipo de trayectorias tecnológicas que son más eficientes para el manejo de agua, suelos y recursos genéticos. Por ejemplo, técnicas de permacultura y agroecología ya son aplicadas en muchas regiones de África y han demostrado ser más eficientes y menos agresivas con el medio ambiente.

Estas técnicas conservan la agrobiodiversidad y son además intensivas en trabajo, lo que permite crear y conservar empleos en el medio rural y proporcionan una mayor soberanía en las decisiones de los agricultores sobre la mezcla de producto y las técnicas de producción.

Organizaciones como Vía Campesina y la Alianza para la Soberanía Alimentaria en África son dos ejemplos de organizaciones que buscan construir desde abajo opciones que son tecnológicamente sanas y socialmente responsables. A final de cuentas, Bill Gates prefiere buscar la solución que desea el capital: apropiarse del proceso productivo campesino y convertirlo en un espacio de rentabilidad.

Fuente: La Jornada

martes, 3 de diciembre de 2019

Día Internacional del no uso de plaguicidas

- Foto de Radio Maria
Por RAP-AL
Desde la Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina, una vez más, advertimos sobre la creciente utilización de plaguicidas en todo nuestro continente derivado tanto de la expansión de monocultivos insustentables cuanto de la permisividad de nuestros gobiernos que posibilitan el registro y comercialización de plaguicidas prohibidos en otros continentes, además de no realizar un control efectivo de su utilización.

Son los niños, aun los que están por nacer, los más afectados por la aplicación de plaguicidas tanto aquellos acompañan a sus padres en la ejecución de las tareas agrícolas como los que viven o estudian en áreas donde estos productos son aplicados, ya de manera terrestre como área. En efecto, la aparición de enfermedades agudas y crónicas es especial aquellas derivadas de la acción de los productos químicos sobre el sistema nervioso, la disrupción del sistema endócrino, las alteraciones genéticas son una muestra de cómo la exposición a los plaguicidas puede comprometer el desarrollo de una vida plena a miles de niños y jóvenes.

Recientes investigaciones realizadas por miembros de  RAP-AL en Chile, México , Brasil y Argentina dan cuenta de la utilización de más de 100 a 120 plaguicidas categorizados como altamente peligrosos, es decir plaguicidas que presentan niveles especialmente elevados de peligrosidad aguda o crónica para la salud o el medio ambiente, según los sistemas de clasificación internacionalmente aceptados, como el de la OMS o el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. Entre ellos se encuentran el glifosato, paraquat, clorpirifos y el carbendazin.  Estos plaguicidas además de ser muy persistentes en el ambiente pueden causar cáncer, poseer efecto alterador endocrino e incluso producir alteraciones en la reproducción, entre otros efectos negativos en la salud humana, también en la salud animal, especialmente en las abejas y polinizadores.

Desde RAP-AL reclamamos enérgicamente la prohibición de plaguicidas comenzando por los altamente peligrosos, la instauración de límites a la comercialización de estos productos así como a su aplicación máxima en las cercanías de centros poblados, escuelas y zonas ambientalmente sensibles. También demandamos por la instauración de políticas públicas que favorezcan la consecución de la soberanía alimentaria desde la producción de alimentos bajo el paradigma agroecológico, ya desde el acceso a la tierra y al agua a miles de productores familiares, el intercambio de saberes, así como la recreación de centros territoriales de reciprocidad y comercialización de productos.

Los plaguicidas nos enferman y matan, no son indispensables para producir alimentos. El establecimiento de sistemas agroecológicos en todo nuestro continente nos demuestra su viabilidad económica, su sustentabilidad ambiental y su potencia como estrategia política.

El 3 de diciembre Día Internacional del NO Uso de Plaguicidas es una conmemoración que fue establecida por las 400 organizaciones miembros de la Red de Acción en Plaguicidas, PAN Internacional (Pesticide Action Network) en memoria de más de 500.000 personas intoxicadas y más de 16.000 personas fallecidas esa noche en Bophal, Madhya Pradesh, India, en 1984, debido al escape de 27 toneladas del gas tóxico metil isocianato, utilizado por la transnacional agroquímica Union Carbide para fabricar plaguicidas.  Actualmente, más de 100.000 personas sufren enfermedades crónicas producto de esta catástrofe. Los muertos llegan a más de 25.000.

Javier Souza Casadinho
Coordinador regional Red de Acción en Plaguicidas y sus alternativas de América Latina, RAP-AL

María Elena Rozas
Coordinadora de comunicaciones y administración 
Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina.

II Lugar Premio de Periodismo “Dr. Manuel Palacio Fajardo” 2016

Desde el 06012014 - 4:35 p.m.