(12 de agosto, 2015)..- El cumplimiento o no de los acuerdos laborales y salariales entre jornaleros, propietarios y autoridades de San Quintin, Baja California, pasó a segundo término ya que niñas como Rosalba de apenas 13 años no habla ni camina y nunca ha ido a la escuela. Se arrastra por el piso de su casa al igual que sus dos hermanas, un primo y otros niños de la zona, padece epilepsia.
Andrés, padre de Rosalba, es un campesino triqui que trabaja desde hace más de 30 años en campos agrícolas, primero en Oaxaca y luego en Sinaloa, hasta que llegó a Los Pinos con su esposa y sus tres hijas, con promesas de mejores condiciones laborales.
En el dispensario del rancho, un médico la revisó y le dio paracetamol, comenta Andrés. Los ataques se intensificaron. Después de meses de estudios, médicos le dijeron al padre que Lucía tenía epilepsia y que no sabían la causa. También le indicaron que la enfermedad era incurable y que su seguro no cubría el tratamiento.
Lucía murió después de sufrir unos 20 mil ataques epilépticos.
Este problema del que se responsabiliza a la contaminación agroquímica ha afectado a hijos de jornaleros del sur de Baja California en años recientes, sin que alguien les explique el porqué. Sólo saben que no pueden sostenerse en pie.
Manuel Solano, representante del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales en San Quintín, indicó que “la escuelita” Ccitio que atiende necesidades educativas de unos 15 infantes), en realidad es un refugio para hijos de campesinos diagnosticados con epilepsia en los dispensarios del rancho. Ninguno puede hablar ni caminar, pero tienen cama, comida y sillas de ruedas.
En San Quintín “hay muchos niños que tienen este problema, pero no todos tienen un carrito que los lleve a San Vicente con los hermanos”, dijo Solano. Los “hermanos” son una pareja de voluntarios cristianos extranjeros que llegaron al sur de Ensenada hace años. Construyeron un pequeño salón donde reciben niños con alguna discapacidad, entre ellos los diagnosticados con epilepsia.
La mayoría de los niños que padecen epilepsia en esta zona no reciben atención. En la manzana donde vive Andrés otras tres familias de campesinos tienen hijos con la misma enfermedad. Ninguno habla, camina ni va a la escuela. Y nadie le ha dicho a sus padres por qué.
Una de las empresas donde, según los jornaleros, se usan agroquímicos prohibidos es el rancho Los Pinos, ubicado en San Quintín, 200 kilómetros al sur de Ensenada y a 300 de la frontera. Produce fresa y tomate para Estados Unidos y es propiedad de una familia de agroindustriales mexicanos vinculada con dirigentes del Partido Acción Nacional.
Según jornaleros, en ese rancho se usan pesticidas prohibidos –entre ellos bromuro de metilo y cloropicrina– que afectan su salud.
Uno de los propietarios es Antonio Rodríguez, diputado de la legislatura local 2004-2007 y después secretario de Fomento Agropecuario en el gobierno de José Guadalupe Osuna Millán (2007-2013). Rodríguez apoyó a Felipe Calderón Hinojosa para que llegara a la Presidencia y acuñó la frase “de Los Pinos a Los Pinos”.
Durante su campaña, Calderón estuvo en San Quintin y volvió como presidente. En ese sexenio la empresa se benefició con la construcción de una planta desalinizadora con recursos provenientes de Europa. El agua se utiliza sólo para el rancho, sin beneficio para la comunidad.
Fuente: Revolución 3.0
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